En Paraguay -el que menos invierte- 343 dólares; en el otro extremo, Chile, que destina 1.807. Los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) destinan por alumno 3.500 dólares anuales. Según datos del Banco Mundial, las proporciones de maestros por alumno no difieren tanto entre los EE.UU. y Brasil, Chile y México, por ejemplo. En todos estos países, existe una proporción de un maestro cada 20 alumnos, aproximadamente (entre 17 y 28 dependiendo del nivel de enseñanza). Sin embargo el problema, en realidad, no radica en la cantidad de maestros que haya por aula. En Latinoamérica hay demasiados maestros. Pero esa gran cantidad de docentes está -en su gran mayoría- poco calificada, muy mal paga, y presenta altos índices de ineficiencia. La efectividad de la enseñanza no está determinada por el número de alumnos que hay en cada aula. Al menos no es la variable más importante. El salario promedio de un maestro de nivel primario, en la Argentina, es de 1.040 pesos (poco más de 300 dólares) mensuales. Al año, un maestro lleva a su hogar 12.500 pesos (es decir, 4.100 dólares). En Estados Unidos, un colega del docente argentino gana, anualmente, 47.700 dólares.
Las escuelas norteamericanas invierten 9.062 dólares por estudiante. En las antípodas de Perú, por ejemplo, que tiene una inversión por alumno de U$S 251. En la Argentina, se destinan U$S 1.134 por alumno, U$S 734 en México y U$S 430 en Colombia.
Con ironía, podría decirse de las escuelas latinoamericanas, lo mismo que se dijo del trabajo en la vieja Unión Soviética: “Nosotros simulamos que trabajamos y ellos simulan que nos pagan”. Parafraseando: “Los maestros simulan que enseñan y los estudiantes simulan que aprenden”.
En nuestra nueva economía global basada en el conocimiento, una población deficientemente educada equivale a una nación de habitantes físicamente discapacitada en los días en que se ganaban el pan con el trabajo manual. India, por ejemplo, ha crecido económicamente debido a la calificada instrucción de su fuerza laboral. Esto, sin duda, permitió a la población activa transformarse en núcleos de apoyo y respaldo de las compañías de información y de alta tecnología norteamericanas. Las falencias severas en la educación de Latinoamérica conspiraron contra la posibilidad de que sus países pudieran ocupar un rol similar. En Latinoamérica se da el fenómeno inverso: la educación pública se transformó en una especie de obra pública, cuya razón primaria es la de ofrecer empleo a los maestros y votos a los políticos.
Aun así, el tema no preocupa. La injerencia de los padres es tan limitada que actúan prácticamente como una fuerza política inexistente. Los que dominan la política educativa, en la mayoría de los países de Latinoamérica, son los maestros. Las escuelas parecen más organizaciones políticas armadas para apoyar candidatos que miran hacia otro lado cuando se habla de la calidad de la educación. Su interés se orienta a mantener vivo este sistema.
Pablo Renato, ex ministro de Educación de Brasil durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, organizó un programa social-educativo muy novedoso llamado “Bolsa Scola”. La propuesta que planteó fue la de pagar a los padres cuyos niños asistieran a la escuela y no perdieran más que el 15 por ciento de sus clases.
El resultado de esta propuesta resultó positivo en dos áreas: las familias pobres conseguían un suplemento para sus magros ingresos (con el consiguiente efecto positivo de mejorar la alimentación) y las cifras de ausentismo mermaron abrupta y sostenidamente en todo el Brasil. Pero en general, por toda la región, la poderosa influencia de los maestros y de sus sindicatos fue paralizando a los políticos que quisieron emprender cualquier mejora en la educación e incorporarla como un punto clave de sus plataformas electorales. Como resultado, la educación -más allá del octavo grado- es un lujo en la mayoría de los países latinoamericanos. Esta falencia de los sistemas educativos es la receta ideal para perseverar en la pobreza de las naciones, sin ofrecer a este problema ningún atisbo de solución. Otro problema, relacionado intrínsecamente con la educación en los países latinos, es la ausencia del Estado para atender a las cuestiones ligadas a la paternidad fuera del ámbito de las familias constituidas. Generalmente, las madres solteras no tienen asistencia estatal y los padres ausentes no son obligados legalmente a asistir a los niños.
Es más: en muchas naciones latinoamericanas, no existen leyes que regulen la manutención de los niños nacidos fuera del matrimonio. Y aquellas que sí tienen, rara vez las aplican rigurosamente. Al no existir una obligación legal, que induzca a asumir la responsabilidad paterna, se creó una cultura dominante, que llamamos “del hombre soltero”, donde es el hombre quien está en lo alto de la pirámide y los niños, en la base. Exactamente lo opuesto ocurre en Estados Unidos. Allí, la manutención de los niños es forzada obligatoriamente y con rigurosidad. Este derecho está contemplado también en el sistema impositivo, que destina parte de lo fiscalizado a pagar a madres solteras (la mayoría de las cuales, además, trabaja en forma independiente).
Más de treinta millones de personas resultan beneficiadas a través del sistema social tradicional y del EITC -ya mencionado.
Aun en los regímenes radicales de la Venezuela chavista, se pone muy poco énfasis real en la educación y en la responsabilidad paterna. Chávez reparte alimentos y servicios médicos. Pero no hubo una mejora sustancial en la educación, a pesar del incremento aluvional de ingresos al Estado como consecuencia de la venta de petróleo. La reforma educativa debería ser la prioridad clave para todos los presidentes latinoamericanos que quieran liderar sus países durante el siglo XXI. El punto de partida es la reducción del número de maestros. Luego, se deben incrementar los salarios y mejorar la calidad de la capacitación docente.
Ninguna nación latinoamericana debería aceptar maestros que no tengan graduación universitaria. Cada país está obligado a testear la capacidad de los docentes y defenderla como un baluarte vital para cualquier reforma educativa. ¿Por dónde empezar? El líder experimentado sabe que, para mejorar la calidad de cada maestro que llega al aula, lo primero que debería hacer es negociar con la fuerza sindical. Mejor salario para menos maestros: esa es la premisa de la que deberían partir las negociaciones.
Esta es una estrategia real de “divide y reinarás”, que pondría en jaque a los actuales líderes sindicales. El argumento, empero, puede ser tentador. Mientras más altas sean las retribuciones, mejores ingresos llegarán a los sindicatos.
Y la mitad de los docentes que permanezcan en sus funciones aceptarán encantados la duplicación de sus salarios.En los Estados Unidos, el presidente Bush ha presentado un proyecto llamado ”Ningún niño puede quedar atrás” (No Child Left Behind Act -NCLBA-). Éste dispone un examen anual de lectura y matemática para todos los estudiantes.
Posteriormente, califica a las escuelas de acuerdo a cuán satisfactoriamente hayan logrado mejorar las notas de sus alumnos. Por último, se establece el top ten de las escuelas estadounidenses.
Las instituciones que no logran llegar a puntajes satisfactorios reciben un financiamiento extra para revertir la situación. Si en años siguientes, continúan sin “subir” en el escalafón de calidad, el establecimiento se cierra y los maestros y los administradores se quedan sin trabajo.
Este programa -basado exclusivamente en los exámenes de los alumnos- permite a los padres saber cuál es el nivel de conocimientos que van adquiriendo sus hijos. Además, es esencial para conocer y cuantificar las debilidades de la institución responsable de educar a sus hijos. Por lo tanto, los padres forman un grupo político que adhiere y apoya las reformas educativas que se proponen a raíz de este programa.
Es que son los padres quienes, antes que nadie, toman conciencia de que sus hijos no están aprendiendo como corresponde. Ellos advierten que la educación falla y relega el futuro de los niños. Por lo tanto, son los padres también quienes deben demandar acciones que terminen con sistemas donde se privilegia contratar muchos y malos maestros. Y, además, pagarles terriblemente mal.
Inseguridad y justicia
La Venezuela de Chávez es un espejo que refleja cómo será el futuro de Latinoamérica si ésta no actúa a tiempo para frenar el delito y condenar a los criminales. En ese país se registran prácticamente la misma cantidad de asesinatos que en Estados Unidos. Con una “diferencia”: en Venezuela viven 25 millones de habitantes y en EE.UU., 300 millones. El número de homicidios se ha duplicado en los últimos cinco años, amenazando como nunca antes al ciudadano medio.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, el país registra 48 homicidios por cada 100 mil habitantes en un año; lo que califica a Venezuela como un país aun más peligroso que Colombia. Y eso que Colombia vive en medio de una guerra contra las organizaciones narcoterroristas (FARC y FLN, fundamentalmente), mientras que en Venezuela se vive en un aparente clima de paz. Pero las lecciones que deja la Venezuela chavista van más allá de las frías estadísticas del crimen.
En una encuesta de la opinión pública de 2006 que realizamos entre los votantes de ese país, supimos que el 76 por ciento de la población creía que “la mayoría de los crímenes son cometidos por la propia policía venezolana”. ¿Cometidos por quien debería combatirlos? Ya no manifestaban su disconformidad porque la policía no castigaba a los criminales. ¡Dijeron directamente que los policías eran los criminales!
Entonces preguntamos a los encuestados si el país estaría más seguro si no hubiera ninguna fuerza policial custodiándolo. La mitad de los votantes respondió afirmativamente. En algunas ciudades de Venezuela, y crecientemente en otras partes de Latinoamérica (como Río de Janeiro y los suburbios de México y São Paulo), la sociedad debe enfrentarse cotidianamente no sólo con la eventual corrupción policial; sino también con ¡una organización de robos y asesinatos cometidos por la propia fuerza policial! La policía está dedicada -literalmente- a custodiar redes criminales, además de cometer delitos por cuenta propia.
Cualquier estrategia para mejorar el intercambio comercial y las inversiones destinadas a incrementar la calidad de vida de la clase media de Latinoamérica tiene que comenzar con un paso decidido: el de reformar y -en muchos casos reemplazar- la fuerza policial en su conjunto.
En Venezuela, la abrumadora mayoría de los votantes cree que la “totalidad” de la fuerza debería ser despedida. Y sostiene que el país debería empezar desde los cimientos a reconstruir una nueva policía. Esta reconstrucción de las fuerzas de seguridad no debería ser llevada a cabo por el gobierno, sino por una comisión integrada por organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos, hombres del Derecho y grupos de Derechos Humanos. Un concepto crítico muy similar al de la policía tiene la opinión pública venezolana acerca de la corrupción judicial. En este aspecto, los votantes no consideran que existan casos aislados de corrupción, que se refieran a “cierto” juez -con nombre y apellido.
Ellos creen que la totalidad de la justicia está infectada por el virus de la corrupción. Por lo tanto, su propuesta es reemplazarla por completo, comenzando por la remoción de los jueces y la elección de nuevos representantes, a través de un sistema similar al pensado para las fuerzas policiales. Otra vez, el espejo de Estados Unidos. Sería inteligente que Latinoamérica nuevamente se inspire en ese país y estudie cómo bajó las alarmantes tasas de criminalidad que, alguna vez, fueran una plaga nacional.
Las políticas de los 70 y los 80 estuvieron impulsadas por el miedo al delito y por el hecho de que éste figuraba como tema de importancia central en todas las encuestas nacionales. En la actualidad, menos del cinco por ciento de la población considera al crimen como el mayor problema que enfrenta Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, registró 2.000 homicidios en 1991 y sólo 560 se cometieron en 2005, con una población que creció el seis por ciento en ese período. ¿Por qué razón bajaron así los índices de criminalidad? Muy simple: Estados Unidos duplicó la población carcelaria. De casi un millón de presos que había a comienzos de los 80, hoy pasaron a ser dos millones. Con el doble de delincuentes en prisión, ¡el crimen se redujo a la mitad!
El diario El País, en una nota de diciembre de 2006, informó lo siguiente: “Estados Unidos batió un nuevo récord: el de su población carcelaria, que a finales de noviembre superó los 2,2 millones (un 2,7% más que el año anterior), y que llega hasta siete millones si se cuentan los que están en libertad condicional o vigilada. En 1971 eran 200.000 personas.”
Latinoamérica protagoniza, en este tema, una nueva paradoja: a pesar de que las tasas de criminalidad son más altas, las cárceles tienen menos cantidad de reclusos que en los Estados Unidos, donde hay 737 presos cada 100 mil habitantes. La comparación de estadísticas con otros países latinoamericanos es impactante: Argentina: Población carcelaria 62.500 personas (84,2 presos por cada 100 mil habitantes). Brasil: Población carcelaria 194.074 (137 presos por cada 100 mil habitantes) o Colombia: Población carcelaria 57.068 (156 presos por cada 100 mil habitantes). Venezuela: Población carcelaria 21.342 (98 presos por cada 100 mil habitantes). Chile: Población carcelaria 30.852 (212 presos por cada 100 mil habitantes). Todas estas cifras de acuerdo a un estudio de BBC Mundo del 2 de noviembre de 2005.
¿Cómo hizo Estados Unidos para alcanzar esa población carcelaria y reducir la criminalidad? Se impusieron sentencias obligatorias a los criminales reincidentes en varios estados. Aquellos que cometieron tres delitos fueron automáticamente sentenciados a prisión perpetua sin ninguna posibilidad de excarcelación. El gobierno federal aprobó partidas masivas de dinero para la construcción de prisiones. Una propuesta del presidente Bill Clinton que permitió remediar la superpoblación y evitó la liberación de criminales debido a las cárceles saturadas de reos. Tácticas policiales novedosas. Se enfatizó el arresto por delitos aparentemente menos graves, como la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, pero que permitieron abrir una investigación judicial. En ocasiones, revelaron evidencias de crímenes más serios. Mayor seguimiento y control de los delincuentes en libertad condicional. Cuando no acuden a las presentaciones judiciales obligatorias o no se presentan a sus oficiales, el juez emite un pedido de captura.
Anteriormente, la policía no priorizaba estos pedidos. En la actualidad, invierten buena parte del tiempo para buscar y aprehender a los que se encuentran en esa situación. El resultado: numerosos criminales reinciden por sus delitos antiguos, pero quedan imposibilitados para cometer nuevos.
Estados Unidos incrementó el número de policías en un 20 por ciento bajo la administración de Bill Clinton. Actualmente, se encuentra un oficial de policía cada 450 personas y ellos son, por abrumadora mayoría, honestos. La corrupción policial es ocasional. Si se la descubre es vigorosamente reprimida. Aunque demasiado se habló de la pena de muerte en Estados Unidos, el número de ejecuciones se redujo a la mitad en los últimos años. Sólo 133 personas fueron ejecutadas en 2005. Una cantidad muy pequeña en comparación con los más de dos millones de presos que habitan los penales norteamericanos.
Las naciones de Latinoamérica necesitan agrandar el espacio físico de sus cárceles, reformar o reemplazar su justicia y su policía y cambiar sus leyes procesales. Así se podrá sacar a los criminales de las calles. La creencia popular repite como un latiguillo que el delito está vinculado exclusivamente con la pobreza. No es así. Más del 80 por ciento de los votantes que respondieron encuestas en Colombia, Venezuela, México y la Argentina bregó por sentencias largas y obligatorias para los criminales violentos. Dos tercios aprobaron sentencias de reclusión perpetua para aquellos que hayan cometidos tres o más crímenes violentos (la llamada “tres golpes y estás fuera de la ley).
Claramente, la reforma, o eventualmente el reemplazo, de la justicia y la policía es clave y determinante para cambiar la atmósfera de miedo que prevalece en gran parte de la América latina actual.
Entendemos que hay un tercer camino para los líderes latinoamericanos. Una alternativa que circule entre la aceptación servil de los dictados de los organismos de crédito internacionales como el FMI, por ejemplo, y de las barreras comerciales impuestas por los Estados Unidos, por un lado, y la actitud desafiante de la izquierda frente a la comunidad internacional, rechazando cualquier tipo de vinculación con los Estados Unidos, por el otro. ¿Cómo lograrlo? A través de una acción agresiva, orientada a forzar la reducción de las barreras comerciales en los Estados Unidos, para expandir las exportaciones a los consumidores norteamericanos.
También estableciendo cargas a los potenciales inversores que busquen franquicias en América latina para incrementar sus ganancias. Con estas herramientas, los líderes de estos países pueden hacer mucho para mejorar el desempeño económico de su población. Pero en América latina la riqueza no desborda. Debe ser desparramada para alcanzar al ciudadano medio, a los que más lo necesitan, a través de la adopción de programas directos de subsidios como los que existen en los Estados Unidos, a través de la reforma del sistema educacional, de la justicia y apelando al sistema impositivo que permita redistribuir fondos para ayudar a los pobres.
* Autores de El poder, cómo usarlo en beneficio de América Latina. Editado por Editorial Sudamericana.
www.revista-noticias.com.ar/comun/nota.php?art=758&ed=1608″